¡Así empieza lo malo!

Hoy se cumple un año de la firma de un infame acuerdo que certificaba a los trabajadores de los centros concertados de enseñanza de Andalucía como personal de 2ª División B. Ya se sabe, los acuerdos en los que anida la traición se firman siempre al comienzo de un periodo vacacional.

El PSOE de Andalucía, cuyo brazo ejecutor era entonces un consejero de Turismo en comisión de servicios en la de Educación, Luciano Alonso, diseñó una curiosa ley del embudo: ya recortados en su salario todos los trabajadores de la Enseñanza, llegado el momento de restituir los esfuerzos, en primer lugar a los que prestan servicio en los centros de titularidad pública y al resto YA SE VERÁ. Para ser más exactos, como dijo Micaela Navarro (Presidenta Nacional del PSOE) «lo de restituir se verá, lo de devolver lo sustraído ya os podéis olvidar» o como dijo Adela Segura (actual portavoz de Educación del PSOE en el Parlamento Andaluz) «cuando no hay presupuesto suficiente no queda otra que ser injustos«. Se le olvidó rematar la frase con aquello de «sólo con algunos».

Tras la pertinente protesta de ese «resto» y una vez la injusticia cometida trascendió a los medios de comunicación, tocaba salvar a «su sana majestad». Y para ello se recurrió a dos actores de reconocido prestigio en felpudismo sindical, UGT y FSIE, uno sibuanea a la Junta y otro siseñorea a las patronales del sector. La traición urdida consistió en proponer que «bueno, vale, aceptamos restituir recortes en el 2015, pero en cómodos plazos» a diferencia de los homólogos públicos que ya disfrutan de ese emolumento. Lo más grave es que a esas dos organizaciones les faltó tiempo para estampar su firma y enterrar aún más la dignidad de los trabajadores, con el beneplácito de todas las patronales.

Como pueden imaginarse pasado un año, a la traición se ha unido la más que esperada mentira: no se ha cobrado un euro (ni se le espera). Por eso es muy duro tener que escuchar por boca de este PSOE que son los «máximos paladines contra la desigualdad» y de esos actores sindicales «que su actuación consiguió salvar el pago de dichas cantidades».